El lenguaje claro promueve el uso de técnicas de redacción diseñadas para que los textos sean fáciles de entender para el lector. Sin embargo, escribir claro exige esfuerzo. No se trata solamente de tener buena ortografía o ser experto en el uso de signos de puntuación, algo que por supuesto es necesario. Se trata de aplicar algunas herramientas básicas como pensar en el lector al cual está dirigida la comunicación, respetar el orden natural de la oración, usar oraciones cortas o preferir la voz activa sobre la pasiva, entre otras. 

Recordemos que el objetivo principal de quien escribe es comunicar de manera eficiente, y la claridad es el vínculo que une los elementos de esa eficiencia. Cuando leemos un texto claro nos hace sentir inteligentes; en cambio, cuando no lo entendemos, nos sentimos frustrados. En ambos casos, la responsabilidad recae en el autor.

El lenguaje claro es útil en cualquier texto de no ficción: un ensayo, una noticia o un email. Pero tiene una utilidad aún mayor en los textos que produce una entidad pública. Una persona que comprende un texto oficial puede conocer sus derechos y sus deberes. La claridad de un texto facilita la comprensión y a la vez promueve la transparencia y la confianza en las instituciones. Además, contribuye a que la administración pública sea más accesible y eficiente para todos los ciudadanos, algo que es necesario si queremos un país transparente.

Por fortuna, el lenguaje claro ha empezado a ganarse un espacio en el derecho y en la administración pública. Ya existen manuales e iniciativas gubernamentales dirigidas a mejorar la calidad de los escritos que producen las entidades oficiales.

Sin embargo, las técnicas de lenguaje claro han estado dirigidas principalmente a la producción de textos argumentativos; es decir, para escritos que plantean una tesis y aportan razones en su favor: una demanda, una tutela, una sentencia o un concepto legal. Pero el lenguaje claro en la redacción de normas jurídicas no ha tenido la misma promoción, a pesar de que ya existe incluso un decreto del año con directrices de técnica normativa 

Está diagnosticado que en Colombia la producción de normas es enorme. El Congreso produce leyes, el presidente y los alcaldes emiten decretos, y cada entidad pública expide resoluciones. Eso da un número enorme de normas al año. Y aunque se suele escuchar sobre la necesidad de disminuir la producción de normas, esto es algo poco real. Mientras tanto, debemos promover la construcción de normas jurídicas claras.

El lenguaje claro en la elaboración de las normas jurídicas no solo permite conseguir ciudadanos empoderados de sus derechos y obligaciones, sino que también vuelve eficiente la labor del operador jurídico. Este último es quien en últimas debe aplicar e interpretar la norma.

Estamos convencidos que la redacción legislativa clara es el punto de partida, no de llegada, para una relación sana entre los ciudadanos y el Estado.